REYNAZUL.

martes, 9 de diciembre de 2014

CORRUPCIÓN EN ESPAÑA. La fiscalía española pedirá exculpar a la "infanta Cristina" pero reclamará al menos 15 años de cárcel para su esposo Ambos imputados están acusados de delitos de malversación, fraude a la administración, estafa, delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental y blanqueo. Además, se les reclamará multas de entre uno y cuatro millones de euros.

La fiscalía española solicitará mañana 15 años de prisión para el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y exculpará a su esposa, aunque la hermana del rey Felipe VI deberá pagar casi 600.000 euros de indemnización por haberse beneficiado del lavado de dinero, que derivó en la primera imputación de un miembro de la Casa Real.
No hay sorpresas en la posición del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, respecto del caso de fraude en el que permanece imputada la hermana del monarca español, según el contenido de su escrito de calificación de 500 folios adelantado hoy por la prensa española.

Se trata del último elemento que el juez José Castro deberá analizar antes de resolver quiénes irán a juicio oral por el llamado "Caso Undargarin" o "Caso Noós".

El Ministerio Público solicitará entre 15 y 20 años de prisión para los dos cabecillas de la trama de corrupción Nóos, Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres.



Tal como se había anunciado, el fiscal exculpará a la infanta Cristina, aunque mantendrá su condición de "partícipe a título lucrativo" de la trama, por haberse beneficiado del dinero ilícito que obtuvo Urdangarín.

La hija del rey Juan Carlos y hermana de Felipe VI deberá afrontar casi 600.000 euros de responsabilidad civil, según cálculos del Ministerio Público.

A diferencia de la infanta, la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, no sólo tendrá que hacer frente la responsabilidad civil por haberse lucrado del entramado delictivo sino que tendrá que afrontar también un delito de blanqueo de capitales.

Horrach quiere sentar en el banquillo de los acusados a un total de 14 personas para quienes pedirá penas que superan los cien años.

Entre los principales imputados figura el ex ministro y ex presidente de Baleares, Jaume Matas, del derechista Partido Popular (PP), para el que se exigen once años de prisión y en torno a 30 de inhabilitación, de acuerdo con fuentes judiciales citadas por la emisora Cadena Ser.

En la causa se investiga la apropiación indebida de seis millones de euros de fondos públicos por parte de la Fundación Nóos, una entidad deportiva creada por Urdangarín supuestamente sin fines de lucro, que obtuvo contratos de los gobiernos balear y valenciano, en manos del PP, sin que mediara contrato alguno.

El pasado 7 de noviembre, tras cuatro meses de incertidumbre, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ratificó la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos por dos delitos de evasión fiscal pero decidió levantar los cargos en su contra por blanqueo capitales.

La imputación de la infanta por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública se desprende de su papel como copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte al 50 por ciento con su marido, y a la que éste desvió parte del dinero obtenido por la Fundación Nóos.

Urdangarín utilizó Aizoon para defraudar un total de 337.138 euros de las cuotas del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los años 2007 y 2008. 


El juez instructor del caso, José Castro, deberá decidir en las próximas semanas si salva a la hermana del rey de España de un histórico juicio oral por corrupción que supondrá una inevitable humillación para la corona española.

Casto ya acusó a la infanta de haber cooperado de forma "silenciosa" con la evasión cometida por Urdangarín, un delito que está penado con cinco años de prisión.


La única esperanza de la infanta de evitar quedar definitivamente manchada por uno de los mayores casos de corrupción destapados en España en torno al poder político y económico, pasa por la aplicación de la llamada "doctrina Botín" (en referencia a un caso en el que estuvo procesado el fallecido presidente del Banco Santander). 


La citada doctrina del Tribunal Supremo permite a un imputado de delito fiscal evitar el juicio si no hay acusación pública o particular.
 En el caso de la infanta, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado la acusaron de delitos fiscales. Sólo lo hizo la acusación "popular" ejercida por el seudo sindicato ultra Manos Limpias, cuya legitimidad es cuestionada por la defensa. No obstante, el juez Castro no está obligado a adoptar la doctrina Botín. fuente: telam.com.ar
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