REYNAZUL.

martes, 22 de abril de 2014

PARÍS El premier francés intenta calmar el rechazo oficialista a su ajuste Manuel Valls recibió a un grupo de diputados del gobernante Partido Socialista (PS) en un intento por calmar la creciente oposición, dentro del oficialismo, al plan de ajuste por 50.000 millones de euros que planea aplicar.

La reunión llegó un día después de que ese mismo grupo de diputados, del ala más moderada del PS, publicara un documento en el que reclamó a Valls "escenarios alternativos" al plan de ajuste para 2015-2017, que contempla congelar pensiones, salarios y contratación de empleados estatales y algunos beneficios sociales.

"Hablamos sobre (...) los jubilados que menos ganan, para quienes deseamos un gesto, y de los más modestos. Como también de un posible aumento a los empleados públicos si la economía vuelve a crecer", dijo a la prensa Bruno Le Roux, jefe de la bancada del PS en Diputados, luego de la reunión con Valls.

Antes del encuentro entre Valls y el grupo de 12 diputados socialistas, Le Roux reclamó, en una entrevista con el vespertino Le Monde, "un espacio para la discusión" ante la intención del nuevo premier de instaurar el ajuste sin retoques parlamentarios al proyecto oficial.

El ajuste prevé que en los próximos tres años el Estado reducirá sus gastos por 18 millones de euros, recortará 11 millones  a las colectividades locales y 21 millones a la Seguridad Social
Los parlamentarios habían prometido hacer oír su voz, pero a diferencia de una iniciativa anterior de una docena de diputados del ala más izquierdista del PS, que reclamaba un ajuste mucho menor, por 35.000 millones de euros, el documento presentado ayer mantiene la cifra de 50.000 millones de recorte.

De todos modos, los autores del documento, entre quienes se encuentran algunos miembros de la Comisión de Finanzas de la Camara de Diputados, exigen "otro reparto del esfuerzo" y pretenden que el ajuste este centrado en las empresas y no en los trabajadores, jubilados o desempleados.

En declaraciones a la radio France Info, una de sus autoras, Valérie Rabault, aseguró hoy que "los tres o cuatro escenarios" presentados a Valls tienen como objetivo "mantener la equidad" y "proteger el crecimiento", ante un "ajuste cuyo riesgo es aumentar el efecto recesivo de la economía".

Para ello, entre otros puntos, proponen postergar al controvertido `pacto de responsabilidad`, que exonerará a las empresas de pagar las cotizaciones familiares de sus empleados -por un monto estimado en 30.000 millones de euros- a cambio de crear nuevos puestos de trabajo para el año 2016.

Si alguno de los escenarios es tenido en cuenta por Valls, "las aguas podrían calmarse dentro del agitado PS", consideró hoy el diario Libération, que analizó las posibilidades de una implosión del PS por el descontento de un tercio de los diputados con la política económica del presidente Francois Hollande.

Luego de la derrota en las elecciones municipales del mes pasado y pocos días después del nombramiento de Valls, un centenar de diputados del PS publicaron un manifiesto titulado "Las condiciones de la confianza", en el que reclamaban medidas a favor de los jubilados y de las rentas más bajas a cambio de seguir apoyando la política económica gubernamental.

Por la pérdida de apoyo de la bancada ecologista y ante el temor de que algunos diputados voten contra el proyecto oficial, el primer ministro Valls sabe que el margen de maniobra del PS no será el mismo y que necesitará del apoyo de un sector de la izquierda radical para lograr aprobar el ajuste en Diputados.

Mañana, Valls se reunirá con representantes del partido Radical de Izquierda (PRG), más moderados en sus críticas al PS que otros  partidos de izquierda y ultraizquierda.

Asimismo, mañana Valls presentará el "Programa de Estabilidad", que determinará una nueva trayectoria presupuestaria y promete seguir fragmentando al desperdigado PS a casi dos años de asumir el poder.

El ajuste prevé que en los próximos tres años el Estado francés reducirá sus gastos por 18 millones de euros, recortará 11 millones de euros a las colectividades locales y 21 millones de euros a la Seguridad Social.

Durante ese periodo el Estado solo incorporará funcionarios para la policía, la educación, la justicia y la administración penitenciaria, mientras que las ayudas sociales y los empleados públicos continuaran, como desde 2010, con sus sueldos congelados hasta, al menos, octubre de 2017. fuente:telam.com.ar
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