REYNAZUL.

viernes, 4 de abril de 2014

CORRUPCIÓN Un ex ministro uruguayo y un jefe bancario fueron procesado por el caso Pluna La justicia uruguaya procesó este viernes al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al presidente del Banco República, Fernando Calloia, por el delito de abuso de funciones en el marco de la denominada causa Pluna.

Se investigan  las irregularidades en la quiebra y frustrada subasta de la exaerolínea de bandera en 2012.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana De los Santos, hizo lugar esta mañana al pedido del fiscal, Juan Gómez, que el 21 de diciembre había solicitado procesar sin prisión a los dos acusados por el delito de abuso innominado de funciones.

Lorenzo renunció a su cargo en la cartera económica el pasado 21 de diciembre horas antes de que Gómez pidiera su procesamiento, mientras que Calloia se mantuvo en su cargo
"Aquí hay indicios de que en el momento en que se concedió el aval a la empresa hubo un exceso de parte de estos dos funcionarios, que en forma arbitraria exceden el marco legal de sus funciones, por lo que hay un abuso de funciones innominado", aseguró a Télam el vocero de la Justicia, Raúl Oxandabarat.

Según el funcionario judicial, el proceso penal que se abre ahora puede demorar entre un año y un año y medio, y Lorenzo y Calloia enfrentan penas de entre tres meses y tres años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos a cuatro años, según dispone el Código Penal.

La fiscalía había pedido el año pasado los enjuiciamientos de los dos funcionarios tras concluir que ambos se excedieron en sus funciones al realizar gestiones el 1° de octubre 2012 para conceder un aval de 13,6 millones de dólares para que la aerolínea española Cosmo se presentara al remate de los aviones de la quebrada Pluna sin que estuvieran dadas las condiciones.

El fiscal señaló entonces que existían cuatro interesados en gestionar el aval y que, por lo tanto, tres fueron “perjudicados” en favor de uno (Cosmo), postura que fue avalada esta mañana por De los Santos, que notificó a Lorenzo y Calloia en el juzgado de la ciudad vieja montevideana.

La jueza sostuvo en su resolución que ambos funcionarios "ejercieron una activa e ilegítima participación en la concesión del aval como garantía de mantenimiento de oferta a favor de COSMO S.R.L.", lo que permitió a dicha empresa "presentarse a la subasta pública, resultando único oferente y mejor postor, excediendo esto de la simple irregularidad administrativa para derivar en actos arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan en virtud de sus respectivos cargos públicos".

“No es concebible que (...) el ministro de Economía y el presidente del BROU interfieran propiciando una preferencia totalmente inaceptable e ilegítima, en relación a uno de los interesados en la subasta”, justificó el pedido entonces Gómez, quien había solicitado el procesamiento sin prisión.

Para el fiscal, el argumento es que Lorenzo, “en su carácter de ministro de Economía, abusando del poder funcional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente”.

De acuerdo con el pedido de procesamiento de Gómez, Calloia, “aceptando esta situación irregular, instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval”.

A la salida de los juzgados, Lorenzo afirmó esta mañana que decidió no apelar la medida, y sostuvo que “agotó los elementos que aportó para la toma de decisión de la Justicia”, y por lo tanto decidió no realizar ninguna acción subsiguiente.

Lorenzo renunció a su cargo en la cartera económica el pasado 21 de diciembre horas antes de que Gómez pidiera su procesamiento, mientras que Calloia se mantuvo en su cargo pese a que desde el propio oficialismo se había barajado con su salida por el pedido del fiscal.

Ante la acusación del representante del Ministerio Público, las defensas de Lorenzo y Calloia presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones (previsto en el artículo 162 del Código Penal), que fue rechazado en febrero, y por unanimidad, por la Suprema Corte de Justicia.

Lorenzo, que responde políticamente el vicepresidente Danilo Astori, fue reemplazado por Mario Bergara, y luego fue designado jefe de campaña de su sector político, el Frente Líber Seregni, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Calloia, en tanto, analiza si dimite o no, ya que según los estatutos, "en caso de que un funcionario haya sido procesado por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, la medida cautelar de separación del cargo se decretará con retención total de sus haberes y no regirá el término máximo de seis meses de suspensión preventiva, debiéndose aguardar las resultancias del sumario”. fuente:telam.com.ar
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