REYNAZUL.

viernes, 21 de marzo de 2014

MARCHA Indignados españoles vuelven a desafiar al gobierno de Madrid Los españoles "indignados" con la crisis económica y su manejo volverán a "tomar" las calles de Madrid con un reclamo unitario: la dimisión del gobierno de Mariano Rajoy, el fin del ajuste, pan, trabajo y techo y que no se pague la deuda externa ilegítima.

Bajo el lema "Madrid 22M (22 de marzo)-Marchas de la Dignidad", seis columnas de manifestantes partieron hace diez días desde distintos puntos de España en dirección a la capital, para confluir mañana a la tarde en la zona de la estación de Atocha.

Desde allí, marcharán hasta la plaza Colón, junto a otros movimientos sociales y plataformas de afectados por los recortes en los sectores de salud, educación y empleos públicos.

Personas anónimas, desempleados, familias desalojadas de sus viviendas por el impago de las hipotecas, trabajadores precarios, ciudadanos que no quieren perder más derechos y que están comprometidos con el cambio de modelo, son los protagonistas de esta nueva protesta.

La manifestación tendrá epicentro en Madrid, pero será apoyada a escala mundial en otras ciudades como París, Berlín, Frankfurt, México DF, Buenos Aires y Quito, entre otras.

La convocatoria partió de organizaciones de izquierda, incluyendo sindicatos y otros grupos muy activos a raíz de la crisis económica, entre ellos la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH), Democracia Real Ya, y los "Iaioflautas" (yayoflautas), un combativo grupo de jubilados.

Un total de 1.650 agentes antidisturbios blindarán las calles de Madrid como parte del operativo de seguridad frente a una movilización pacífica que se espera que sea multitudinaria, pero que puede derivar en una nueva "acampada ilegal", según fuentes policiales.

Algunos de los organizadores niegan que estén planteando la iniciativa de acampar, aunque no lo descartan, ya que no hay un control sobre las decisiones que pueda tomar un movimiento social heterogéneo y sin líderes claros.

Diego Cañamero, un sindicalista que camina en la columna de Andalucía, no tiene dudas: "No hay otra posibilidad que tomar las plazas y calles, convirtiéndolas en parlamentos, esa es la única fuerza que tiene el movimiento obrero, los que estamos siendo hundidos por este sistema injusto".

Las Marchas de la Dignidad pretenden ser "un punto de inflexión en la lucha contra el desgobiernos de los recortes y la corrupción. La expresión de la dignidad contra un gobierno indigno, insolidario e incapaz", asegura por su parte la plataforma Democracia Real Ya.

Aunque no hay un liderazgo definido, existe un manifesto común que denuncia "una situación de emergencia social", en España por el ajuste neoliberal que puso en marcha el gobierno del derechista Partido Popular (PP) "al dictado de la Troika" (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea).

"Es necesario una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, de la ciudadanía, de los pueblos", aseguran las organizaciones sociales, que también advierten que el Ejecutivo está "aprovechando la crisis para "recortar derechos", y "robar la libertad" de los españoles. 

Desde que asumió el poder, en noviembre de 2011, Rajoy enfrentó numerosas protestas contra el ajuste y dos huelgas generales, la última contra su reforma laboral que abarató y facilitó el despido, pero siempre se mantuvo firme en el rumbo económico.

Sus políticas de austeridad profundizaron la crisis al disparar el desempleo hasta el 26%, es decir, 6 millones de personas, y aunque la economía española salió de la recesión oficialmente en el último trimestre de 2013, muchos ciudadanos no perciben los cambios y aún no confían en la recuperación, según las encuestas.

La Unión Europea (UE) volvió a pedir a España que profundice el ajuste tras alertar sobre el riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit de 2014, fijado en el 5,8% y después de revisar el rescate a la banca española que costó al gobierno español más de 40.000 millones de euros.

Acorralado por los escándalos de corrupción que sacuden al PP, y con su credibilidad por el suelo (casi el 90% no confía en él, según un reciente sondeo), Rajoy no descartó más recortes, y anunció una revisión de la reforma laboral, algo que enfureció aún más a los ciudadanos.

Asimismo, con la pobreza y la exclusión en aumento, el PP está preparado y avanza en reformas para penalizar, con multas que van de 1.000 a 30.000 euros cualquier infracción "muy grave" al orden público", y controlar así la protesta social.  fuente:telam.com.ar
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