REYNAZUL.

miércoles, 12 de febrero de 2014

Fuerte retroceso en España: deja de perseguir el genocidio. Es el final de casos como el del dictador Pinochet o el argentino Scilingo. Por presión del gobierno, el Parlamento dispuso restringir la justicia universal. Hay 12 grandes causas que deberán archivarse.

La Audiencia Nacional española, máxima instancia penal en delitos de terrorismo, tendrá que archivar casi todos los 12 procesos en los que entiende por crímenes contra la humanidad. En un plazo de sesenta días, el tribunal deberá, dejar de perseguir el genocidio porque el Parlamento acaba de aprobar una medida que abre las puertas al abandono por España de la justicia universal. Adiós al caso del represor Adolfo Scilingo, condenado a una larga pena de prisión por los vuelos de la muerte, y el gigantesco logro del juez Baltasar Garzón cuando procesó al dictador chileno Augusto Pinochet y consiguió que se lo arrestara y fuera puesto ante la justicia tras llegar a Gran Bretaña para cobrar sus comisiones ilegales y secretas por las ventas de armas a Chile.
También quedará aplastado por la impunidad el asesinato por militares norteamericanos del camarógrafo español José Couso, durante la ocupación de Bagdad. Y el asesinato de jesuitas en El Salvador en 1989. Todos han sido escándalos internacionales y sólo se esperaba que la jurisdicción universal, afincada en España, pudiera lograr el castigo a los culpables como sucedió en Argentina.
Con esta apresurada reforma, el gobierno de Mariano Rajoy enfrenta una crisis que se le plantó con China. El juez Ismael Moreno, que entiende en una denuncia contra el ex presidente Jiang Zemin y cuatro ex jerarcas del régimen por torturas y genocidio en el Tibet, ordenó la búsqueda y captura de los sospechosos. “China está profundamente descontenta y se opone enérgicamente a las acciones tomadas sin razón por las instituciones españolas”, señaló ayer en Beijing la vocero de la cancillería, Hua Chunying.
Los juicios de Madrid por los crímenes de la dictadura militar argentina, que se hicieron famosos en el mundo entero, consiguieron que un país democrático europeo, como España, aceptara y aplicara el principio de la justicia universal. Los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, y cualquier país debe aceptar demandas en su ámbito contra quienes violan los derechos humanos, aplican tormentos, asesinan o cometen genocidio.
No es casual que esta posición excepcional esté ahora en vías de desaparición.
Forma parte de la deriva conservadora y autoritaria del gobierno del Partido Popular que ha culminado con la aprobación de leyes de seguridad restrictivas y la abrogación, en la práctica, de la interrupción del embarazo que dejara de ser un derecho para convertirse en delito.
La reforma propiciada por el PP, que cuenta con mayoría absoluta, restringe a mínimas las personas habilitadas para presentar querellas en nombre de la justicia universal así como las condiciones para que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera de España, en especial los de lesa humanidad. Los jueces españoles sólo podrán investigar los crímenes contra la humanidad si los responsables son españoles o extranjeros residentes en España. Las víctimas tienen que ser españolas y no podrán haberse nacionalizado tras haber padecido los hechos a perseguir. “Es ilegal de todo derecho. Un Parlamento no puede obligar a un juez”, denunció el director de Aministía Internacional en España, Esteban Beltrán, La excelente analista política de la agendaDPA, Sara Barderas, señala que “España fue hasta el momento uno de los referentes mundiales en la persecución de genocidio, crímenes de guerra y tortura por el número de investigaciones contra presuntos criminales que no enjuiciaban sus países. En algo más de 15 años, por ejemplo, la Audiencia Nacional abrió investigaciones de los crímenes de la dictadura argentina, el genocidio en Guatemala, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura en Chile o las torturas en Guantánamo”. Añade que “la acción de la Audiencia Nacional ha incomodado a los gobiernos españoles que vieron cómo se abrían crisis diplomáticas con varios países de origen de los perseguidos”.
La actitud de los conservadores siempre ha sido contraria: “Sólo provoca conflictos”, como proclama Alfonso Alonso, vocero parlamentario del PP. La oposición rechaza este ataque alevoso contra la justicia universal. Para el vocero de Jueces para la Democracia, el magistrado Joaquín Bosh, “es un paso atrás en la lucha contra la impunidad. Perjudica los ideales democráticos y ganan los grandes delincuentes. Es difícil que un español sea un genocida pero es más fácil que pueda ser víctima de genocidio fuera de España”. fuente:clarin.com 

POR JUAN CARLOS ALGAÑARAZ

Publicar un comentario