REYNAZUL.

domingo, 22 de diciembre de 2013

Piden 23 años de cárcel para el yerno de los Reyes de España POR JUAN CARLOS ALGAÑARAZ, CORRESPONSAL EN MADRID. El fiscal anticorrupción imputará a Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, por seis graves delitos.

Hace unos meses del Jefe de la Casa Real, definió como "un calvario" el proceso contra Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia y padre de cuatro de los nietos de los Reyes de España. Ese agobio se profundizará en los próximos días para una monarquía que pasa por sus horas más bajas.

El Fiscal Anticorrupción imputará a Urdangarín por seis graves delitos que se castigan con penas de hasta 23 años de cárcel y 3,5 millones de euros de multa. Los seis delitos son: prevaricación, malversación, falsedad en documentos públicos y privados, fraude y dos contra laHacienda Pública.

La denuncia estará contenida en un escrito que el acusador público presentará solicitando la apertura del juicio oral contra el Duque de Palma.. ante el juez Castro que lleva la causa en un juzgado de Palma de Mallorca.

La información es una primicia del diario "El Mundo" que la publica con gran despliegue en su primera plana y páginas interiores.

Para el profesor Diego Torres, cómplice de Urdangarín en la organización de la trama corrupta que se apropió de millones de euros en dineros públicos aprovechando la cercanía del Duque con la Casa Real y la gran influencia pública de la Infanta Cristina, el fiscal reclama 19 años.

La gran novedad, destaca El Mundo, es que el fiscal Pedro Horrach, reclamara cuatro años más de castigo para Urdangarín que para su socio.

Sostiene la Fiscalía Anticorrupción que las adjudicaciones efectuadas a dedo por los dos socios que "bajo la pantalla del Instituto Noos, primo la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos con la Generalitat (gobierno) Valenciana, presidida por Francisco Camps como con el Ayuntamiento de Valencia cuya alcaldesa era Rita Barberá, ambos conspicuos dirigentes del Partido Popular.

Ambos le otorgaron jugosos contratos al Duque que incluso cobró algunos que jamás se realizaron. También menciona a los contratos que Urdangarín y su socio firmaron por grandes sumas de dineros públicos con el Govern de las Islas Baleares, cuyo presidente, Jaume Matas del PP y ex ministro de José María Aznar, enfrenta ahora varias condenas de cárcel por grandes delitos de corrupción y otros procesos similares en marcha.

"La retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo trasparencia, tampoco competencia, menos aún fiscalización del gasto y en algunos casos todo era fruto de pactos verbales", dice El Mundo citando al fiscal.

El togado también cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron los dos socios jefes de la trama de corrupción, con la complicidad de Matas, Camps y Barberá para evitar someterse a un concurso público. "El hecho de que se optase por este atajo legal no basta opara hacer desaparecer la ilicitud del gastos y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Item más: el Tribunal de Cuentas ha defendido en varias sentencias que no es suficiente el contrato para entender justificado del gasto. Los contratos deben tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse", dice la Fiscalía Anticorrupción.

Por esto, entiende la acusación que no solo el gobierno de las islas Baleares el ejecutivo valenciano, sino también el Ayuntamiento de Madrid (las tres autonomías gobernadas por los conservadores) que dio 144.000 euros por la Oficina Olímpica de Madrid 2016 a la trama corrupta, "deberían haber elegido un mecanismo diferente del convenio".

Aclara que mediante estos manejos ilícitos el Duque y el Profesor se metieron en sus bolsillos dineros públicos por 2,6 millones de euros de Baleares, otros 3,5 millones de euros del Gobern Valenciá, y 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid.

El fiscal aclara que los acusados deben devolver estos dineros mal habidos y los castiga con una multa de 3,5 millones de euros. ÁAemás, el juez Castro les tiene fijados a Urdangarín y Torres una fianza por responsabilidad civil solidaria, de 8,5 millones de euros.

El acusador togado estima que en total, los dos socios se apropiaron de 6,1 millones de euros de Baleares y Valencia. También hace responsables a políticos y funcionarios que "colaboraron en el saqueo".

Estos últimos días han circulado versiones en el sentido de que Urdangarín pediría llegar un acuerdo con la fiscalía para no tener que ingresar en la cárcel. El fiscal general Eduardo Torres Dulce aclaró: "No hay abierta ni va a haber ninguna negociación para cerrar un pacto con el denominado caso Noos". fuente:clarin.com
Publicar un comentario